Ante la masiva ola de despidos en el Estado y en empresas privadas, la autogestión y la puesta en funcionamiento de fábricas recuperadas aparece como una opción viable. Pero los Gobiernos nacional y provinciales arremeten, también, contra quienes llevan adelante sus fuentes de trabajo.

La llegada de una citación judicial, en el marco de la quiebra del hipermercado Tigre, preocupa a los integrantes de La Toma (Rosario) ya que temen por la aparición de un nuevo intento de desalojo, como en el pasado. 
Cabe recordar que en febrero de 2009, el entonces gobernador Hermes Binner firmó el decreto que promulgaba la Ley de expropiación del inmueble que las y los trabajadores venían ocupando desde 2001. 
En aquel momento se cerraba una lucha que había comenzado cuando los trabajadores tomaron la sede del supermercado donde trabajaban. La firma del decreto 139 por parte del mandatario terminó formalizando la ley 12964 que la Cámara de Diputados provincial aprobó en su sesión del 18 de diciembre de 2008, luego de que Senadores hiciera lo propio.

El lugar se convirtió en el espacio cooperativista y cultural que continúa en estos días luego de que el ex hipermercado Tigre decidiera cerrar la empresa. En ese marco, las y los trabajadores decidieron hacerse cargo de su futuro y lo reconvirtieron en una cooperativa donde unas treinta instituciones desarrollan actividades y emprendimientos económicos. 
Otra cooperativa amenazada en Rosario es el tambo La Resistencia, donde funciona una cooperativa en manos de Partido de la Ciudad Futura (PCF).

Es inminente la orden de desalojo e inadmisible que la justicia anteponga los intereses de un empresario que ni siquiera presentó una escritura del lote que reclama como denuncian desde el PCF ante el trabajo de los compañeros que realizan sus actividades productivas en dicha cooperativa. De esta manera se pretende seguir alimentando la especulación inmobiliaria y de la tierra que deja como consecuencia decenas de miles de familia sin vivienda propia.

Justicia direccionada

En el juzgado en lo Correccional  Nº3 de Bahía Blanca, a cargo de la Jueza Susana González La Riva, se consumó un atropello contra el legítimo derecho a la protesta social de los trabajadores del frigorífico Villa Olga. En la sentencia  se condena  a uno de los trabajadores, Hugo Cartagena, y se absuelve a los otros cuatro acusados. Se le imputa al trabajador el delito de “usurpación”,  al tiempo que se restituye la propiedad del frigorífico a la familia Siracusa. Debe recordarse que en 2012 la Legislatura bonaerense votó una Ley que lo declaraba de “utilidad pública sujeto a expropiación”. En aquel momento se hizo un acto en las puertas del frigorífico con la presencia de los diputados del Frente para la Victoria (FpV) Sonia Larraburu y Marcelo Feliú y se hicieron promesas de reactivación que nunca se efectivizaron, y tampoco se concretó la expropiación.

La sentencia sienta un precedente en tanto criminaliza la decisión de 187 trabajadores y trabajadoras despedidos en 2012 de defender sus puestos de trabajo ante el vaciamiento patronal. En un momento en que se producen despidos tanto en el ámbito estatal como privado, la justicia dicta un fallo por el cual inclina claramente la balanza a favor de las patronales. Así, al condenar a Hugo Cartagena se está condenando a quienes se comprometen en la defensa de sus legítimos derechos.
La CTA Bahía Blanca-Dorrego repudió la sentencia, demandó por la absolución de Hugo Cartagena e hizo un llamado a todas las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, de derechos humanos y políticas a pronunciarse frente a este atropello 

Siguiendo los pasos de Mauricio

En el Boletín Oficial del 4 de febrero se informó sobre el veto del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien fue contra la Ley N° 5.500 sancionada por la Legislatura el 3 de diciembre pasado, que cedía los bienes muebles existentes que se encontraban en el local de Viamonte 1615 a las y los trabajadores de la Cooperativa La Robla.

La cooperativa que gestiona el restaurante se formó en 2014. Tras la presentación de quiebra del local de Viamonte y Pasaje del Carmen quienes allí trabajaban resistieron en el inmueble hasta junio del año pasado, cuando la Justicia ordenó el desalojo.

Finalmente, la reconocida casa de cocina tradicional española, que cuenta con casi treinta años de historia, retomó sus actividades en septiembre pasado y a fines de 2015 consiguió que la Legislatura porteña declarara de utilidad pública y sujetos de expropiación a los bienes muebles en su favor, medida que fue vetada recientemente.

Se frenó el remate de cooperativa Textil Soho

Dos años después de recuperar la fábrica quieren rematar el inmueble y dejar sin sustento a decenas de trabajadores y trabajadoras.

Por eso se acercaron hasta el lugar donde se efectuaría el remate, oponiéndose así a la Liga de Rematadores, el Grupo Lirsa (sociedad comercial dedicada a bienes raíces) y personas mandadas por el ex dueño del lugar, Sánchez Anterino. Finalmente, el remate no logró efectuarse.

Las y los textiles permanecen en alerta en defensa de sus puestos de trabajo, ya que no se les permite ingresar, a pesar de las medidas cautelares a su favor.

Ezequiel Conde, quien cumple la función de delegado, cuenta que posterior a la quiebra en 2014 de la fábrica Soho por denuncias de trabajo esclavo, contrabando, lavado de dinero, evasión impositiva y estafa, fueron las y los trabajadores quienes lograron recuperarla. Tras un intenso trabajo durante dos años, hoy la cooperativa emplea a 15 personas, aunque también se suma una cooperativa dedicada a la marroquinería a la cual le ceden el espacio y un Bachillerato Popular que funciona desde hace 3 años. Así, asciende a 40 el número de familias que dependen de la cooperativa.

El 24 de abril de 2014 Soho declaró la quiebra por una deuda de más de 100.000 millones a causa de emitir cheques sin fondos, evasión impositiva y lavado de dinero.

La financiera fue allanada en diciembre de 2013 por el juez federal Norberto Oyarbide, quien luego suspendió el operativo por pedido de Carlos Liuzzi (segundo de Carlos Zannini). El mismo juez había fallado a favor de las marcas que utilizan trabajo esclavo como Soho, argumentando que la explotación que sufren las y los trabajadores textiles -en su mayoría inmigrantes- es por sus costumbres de trabajo.

Resistencia y triunfo de obreros de Acoplados del Oeste

A raíz del conflicto iniciado a fines de 2014, los trabajadores de la ex Petinari e Hijos SA (fábrica de acoplados ubicada sobre ruta 200, Merlo, provincia de  Buenos Aires) iniciaron en marzo de 2015 un paro como medida frente a los sueldos y vacaciones adeudadas, aguinaldos abonados en cuotas y las pésimas condiciones laborales, a lo que la patronal respondió con 90 despidos y el posterior cierre de la fábrica, dejando 189 trabajadores en la calle.

A partir de ese momento se sumaron días y noches frías de invierno acampando sin abandonar las instalaciones. Los trabajadores pasaron a resistir en la vereda y cortar la ruta difundiendo su problemática y apelando a la solidaridad de los vecinos. El objetivo: recuperar la fuente de trabajo ante unos dueños que no daban la cara, que intentaron negociar por debajo cada indemnización y “comprar” trabajadores para romper la organización, y ante un sindicato entregador como el SMATA que les soltó la mano, en agosto decidieron entrar a la fábrica y resistir desde adentro.

El propio conflicto y la necesidad fue gestando la idea de formar una Cooperativa que ponga nuevamente la fábrica en marcha, donde ya no haya patrón que imponga ritmos de producción, que robe su salario, ni que los someta a condiciones indignas.

Así comenzó el camino de autogestión obrera, con el apoyo de toda la comunidad, a través de juntada de firmas, de difusión en medios alternativos, de solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales, de volanteadas, de golpear puertas, del intercambio de experiencias con otras fábricas recuperadas. 
Luego de meses de no bajar los brazos y de paciente resistencia, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, se aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley para expropiar la fábrica en favor de los trabajadores, noticia que se conoció el de 22 de marzo pasado. Restando sólo a aprobación del Ejecutivo. Al cierre de esta edición, los trabajadores junto a sus abogados movilizaron a la Plata en busca de la firma de la Gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, que en un plazo de 10 días deberá darle cierre al tratamiento del proyecto.